El 3 de enero de 1833 Gran Bretaña expulsó por la fuerza a las autoridades y pobladores argentinos que residían pública y pacíficamente en las Islas Malvinas. Ocupó esa parte del territorio nacional argentino ampliando con este despojo su vasto imperio colonial. Para mantener la ocupación del territorio suplantó a las autoridades y población que había desalojado, por una administración colonial y una población de origen británico, que, de acuerdo a un plan de población que data desde esa época, el Reino Unido renueva en significativa proporción cada diez años, sin permitir la radicación de argentinos continentales. Desde el momento mismo de la usurpación, el Gobierno argentino inmediatamente inició el reclamo para la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas, que mantuvo constante hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de la voluntad negociadora de la Argentina, durante 133 años el Reino Unido se negó a emprender las conversaciones tendientes a solucionar la disputa de soberanía.

 

 

 

 

A poco de crearse las Naciones Unidas el Reino Unido pretendió inscribir allí a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como una de sus colonias bajo la figura de un territorio no autónomo, lo cual ameritó la protesta y reserva expresa de nuestro país. El auge descolonizador que se desató en la segunda mitad del siglo XX determinaría que, como con toda otra cuestión colonial, dichos territorios fueran reconocidos como sujetos a descolonización en el ámbito de las Naciones Unidas. Ya en 1960, la comunidad internacional había proclamado “la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones” con la adopción de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General que estableció los dos principios rectores de la descolonización: la libre determinación de los pueblos colonizados, sujetos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras; y el de la integridad territorial, que sentencia que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país resulta incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La propia Asamblea General determinaría, en 1965, la aplicación concreta de dicha resolución y del principio de la integridad territorial a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur mediante la adopción de la resolución 2065 (XX) controversia considerada desde entonces como la “Cuestión de las Islas Malvinas”.

 

En su resolución 2065 (XX), hito de fundamental importancia en la consideración de la Cuestión Malvinas por parte de la comunidad internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que las disposiciones de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales son de aplicación al territorio de las Islas Malvinas; toma nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos del Reino Unido y de la Argentina como únicas partes; invita a los Gobiernos del Reino Unido y de la Argentina a entablar negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a este problema, teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) y los intereses de la población de las Islas, e invita también a los dos Gobiernos a informar al Comité Especial de Descolonización y a la Asamblea General del resultado de sus negociaciones.
 

Resultado de este claro llamamiento, ambos países aceptaron formalmente el mandato de la Asamblea General y, a partir de 1966, mantuvieron negociaciones que contemplaron diversas fórmulas de solución, habiendo llegado a redactar documentos, acordados e incluso inicialados por los negociadores, en los que el Reino Unido aceptó reconocer la soberanía argentina. Sin embargo, la actitud intransigente de sectores con intereses económicos en las islas impidió todo avance para alcanzar una solución en los términos que clamaba la comunidad internacional. Todas las resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, al igual que las de la Organización de Estados Americanos, continuaron llamando a las dos partes a negociar para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa.

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El conflicto del Atlántico Sur en 1982 no alteró la vigencia ni la naturaleza de la disputa y así lo reconoció la resolución 37/9 del 4 de noviembre de 1982 de la Asamblea General, a menos de cinco meses de finalizado el conflicto, y todas sus resoluciones posteriores. Al igual que antes de 1982, la comunidad internacional continuó reconociendo la vigencia y naturaleza de la controversia a través de reiterados pronunciamientos, año tras año, de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización. Mediante esta misma resolución del año 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General emprender una misión renovada de buenos oficios a fin de asistir a las partes en el cumplimiento de la reanudación de negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a la Cuestión de las Islas Malvinas.

 

Posteriormente, por las Resoluciones 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, la Asamblea General pidió al Secretario General que continuara su misión renovada de buenos oficios adoptando con tal propósito las medidas adecuadas. Reanudadas las relaciones bilaterales en 1989 y 1990, ambos países pudimos acordar varios entendimientos provisorios de cooperación, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, sobre aspectos prácticos en el Atlántico Sur con miras a generar el marco propicio para reanudar las negociaciones bilaterales a las que la comunidad internacional nunca había dejado de llamar. A pesar de ello y de la permanente voluntad negociadora expresada por nuestro país, el Reino Unido se ha cerrado completamente al diálogo. Ese país pretende desnaturalizar el derecho de libre determinación en su intento fallido de aplicarlo a la población británica que ha trasplantado a lo largo de generaciones y reside en las Islas, y cuya composición controla mediante férreas políticas migratorias. Ni la Asamblea General ni el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas han adoptado jamás una resolución en la que se mencione la aplicación del principio de libre determinación a los habitantes de las Islas. Muy por el contrario, atendiendo al carácter “especial y particular” que se le atribuye a esta cuestión colonial singular, la Asamblea General en el año 1985 rechazó expresamente dos enmiendas que contenían este principio presentadas por el Reino Unido en ocasión de la adopción de la resolución sobre la Cuestión de las Islas Malvinas por cuanto no existe en las islas un “pueblo” sojuzgado, dominado o subyugado a una potencia colonial. Ello no implica, claro está, que los intereses y modo de vida de los habitantes de la islas no deban ser respetados y debidamente tenidos en cuenta, tal como han reconocido las Naciones Unidas y la Constitución Nacional argentina y sobre lo cual la Argentina ha dado sobradas muestras de compromiso desde el inicio del proceso negociador en 1966.
 

La Cuestión de las Islas Malvinas que involucra a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es una causa regional y global puesto que todos los países de la región reconocen a estos territorios como parte integrante del territorio nacional argentino y manifiestan su rechazo a la ocupación británica en el sur del Continente. El creciente apoyo de la comunidad internacional a los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes se ha ido multiplicando con más y más fuerza en los foros que no sólo se ciñen a nuestra región. En particular desde 2003 cuando el Gobierno del Presidente Kirchner y, luego, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunciaron en todo foro apropiado que, a la obstinada negativa del Reino Unido a reanudar el diálogo con la Argentina, se sumaba la sistemática violación de los entendimientos provisorios bilaterales a través de actos unilaterales del Reino Unido contrarios al mandato internacional y que sólo perseguían el interés de explotar ilegalmente los recursos naturales renovables y no renovables de la Argentina.

 

La Cuestión Malvinas adquirió así una mayor gravitación internacional al tiempo que la solidaridad que concita el reclamo argentino la ha transformado en una causa no sólo nacional sino regional y global. Todos los países de América Latina han respaldado con firmeza los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Lo han hecho reiteradamente y en sus múltiples foros de expresión tales como el MERCOSUR, la UNASUR, el ALBA y, junto a todos los países del Caribe, en el seno de la CELAC. También las 54 naciones del África respaldan firmemente los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía relacionada con la Cuestión de las Islas Malvinas en el marco de las Cumbres de Países Sudamericanos y Africanos (ASA).
 

Asimismo, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Cumbres Iberoamericanas, la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA), la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) y el Grupo de los 77 más China, y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) se han venido manifestando reiteradamente a favor de la reanudación de las negociaciones bilaterales. En el mismo sentido las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) han instruído a la Presidencia Pro Tempore a gestionar ante el Secretario General de las Naciones Unidas, a fin de que éste renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General con el objetivo de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la referida disputa.
 

Los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, las Cumbres Iberoamericanas, el ASPA, la ZPCAS y el Grupo de los 77 más China han llamado también al Reino Unido a cumplir con el mandato dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las dos partes en la controversia de soberanía a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras el proceso recomendado por la Asamblea General está pendiente. Ello, en franco rechazo a todos los actos unilaterales llevados a cabo por el Reino Unido que sólo persigue la exploración y explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no renovables argentinos en el área objeto de ocupación.

 

En esta última materia, los países de la UNASUR, el MERCOSUR y el ALBA han decidido, entre otras medidas de apoyo, el cierre de sus puertos a todo buque que enarbole la denominada “bandera” ilegal de las islas y el intercambio de información sobre todo buque o artefacto naval con derroteros que incluyan las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con cargas destinadas a las actividades hidrocarburíferas y/o mineras ilegales en la plataforma continental argentina y de este modo, prevenir o evitar que dichas actividades se consoliden.
 

Más recientemente, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) declaró reconocer la potestad de la República Argentina para emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
 

También la creciente presencia militar del Reino Unido en el Atlántico Sur ha suscitado reiteradas medidas de rechazo en la región. El MERCOSUR, la UNASUR, el Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) se han pronunciado al respecto luego de que la Argentina lo denunciara ante los Presidentes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y el Secretario General de las Naciones Unidas.

 

Por su parte, animada por el creciente respaldo internacional, la Nación Argentina, a través de todos los Gobiernos de todos los signos políticos, continuará expresando su voluntad negociadora como una verdadera política de Estado, firme e indeclinable, hasta lograr de una vez por todas la solución definitiva a esta disputa de soberanía.

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